La persistente radicalización de las protestas sociales y las crecientes amenazas de toma a infraestructuras de transporte masivo han reavivado un debate fundamental en la opinión pública: los límites del orden público y el uso de la fuerza estatal. Este análisis examina la compleja línea entre el derecho legítimo a la movilización ciudadana y la necesidad de intervenir ante actos que atentan contra la seguridad colectiva y los servicios esenciales. Se evalúan propuestas técnicas basadas en la doctrina de la dispersión no letal, orientadas a restablecer el libre tránsito y proteger los activos urbanos sin incurrir en violencia desproporcionada que cobre vidas humanas. Un enfoque integral sobre los desafíos de gobernanza y seguridad democrática en contextos de alta conflictividad social, analizando la urgencia de separar las demandas sectoriales de los hechos vandálicos que estrangulan la vida cotidiana de las capitales y sus zonas de conexión estratégica.
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